La UE abre la puerta a que los municipios gestionen sus propias redes eléctricas

  1. Inicio
  2. Energía Solar
  3. La UE abre la puerta a que los municipios gestionen sus propias redes eléctricas

Las nuevas directrices comunitarias tienen  que ser traspuestas antes de acabar 2020 y obligarán  a reformar en profundidad la legislación nacional

España va a tener que revisar en profundidad la legislación que organiza el sistema y el mercado eléctrico. No queda otra. La directiva comunitaria de mercado interior de la electricidad, recién publicada, introduce conceptos como el de cliente activo o las comunidades de energía que no sólo no existen en la legislación nacional, sino que estaban penalizados. La directiva tiene que ser traspuesta por los Estados miembros antes de diciembre de 2020 y entre sus puntos más llamativos está el reconocimiento de comunidades ciudadanas de energía que tendrán derecho «a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomanente». En la práctica, es abrir la puerta a que los municipios puedan gestionar sus propias redes de electricidad.

La directiva forma parte del llamado paquete de invierno y conlleva un mensaje muy claro: la estrategia de descarbonización no es una quimera. Está en marcha y los Estados miembros tendrán que cumplir. Para España, es un fuerte meneo a lo establecido. Tanto la directiva como el reglamento del mercado interior de la electricidad obligarán a cambiar la legislación y a replantear los mecanismos de ayuda, más o menos disimulados, que se dirigían tanto a las empresas generadoras de electricidad -pagos a las centrales de gas por estar disponibles- como a las grandes empresas consumidoras de energía, mediante las subastas de interrumpibilidad.

En lo que se refiere al funcionamiento del mercado, la directiva supone un gran cambio. No sólo reconoce el derecho de los ciudadanos a constituir comunidades que gestionen energía en su interés, sino que además -artículo 16. 3a– insta a los Estados a garantizar que dichas comunidades «puedan acceder a todos los mercados organizados directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria». Todos los mercados quiere decir que las comunidades ciudadanas podrán participar también en el mercado mayorista eléctrico, que hasta ahora es un coto controlado por las compañías tradicionales.

Autoridades locales

La directiva define con precisión las figuras en las que va a descansar buena parte de la transición energética. En el caso de la «comunidad ciudadana de energía» la describe como una entidad jurídica que «se basa en la participación voluntaria y abierta, y cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas».

La norma comunitaria no se queda ahí. Al concepto tradicional de cliente le añade un adjetivo -«activo»- que convierte en el centro del nuevo sistema a una figura tan nueva como desconocida en el ordenamiento español. Para esos clientes activos la UE reclama garantías. Así, pide a los Estados que velen por su derecho a operar «directamente o mediante agregación» y a vender electricidad autogenerada entre otros. Aquellos clientes que posean una instalación de almacenamiento tendrán también derecho «a una conexión a la red en un plazo razonable».  El ciudadano se convierte en protagonista del cambio que ha impulsado el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

La creación de comunidades energéticas y la puerta para municipalizar redes están muy relacionados con el despegue del autoconsumo. Unidas Podemos se mueve en esa dirección. La formación de Pablo Iglesias ha presentado iniciativas en el Congreso para que los municipios, mancomunidades y asociaciones de municipios puedan constituir sociedades públicas para la gestión de la red de distribución. En ciudades como Barcelona o Cádiz se han puesto en marcha comercializadoras públicas de energía.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) también da pasos para explorar alternativas al control de las grandes compañías de los nuevos modos de producción y de consumo de electricidad. En colaboración con el operador del mercado eléctrico (OMIE) diseña mercados locales de electricidad con participación de todos los actores (distribuidoras, comercializadoras y consumidores).

Mercados locales

El modelo se inspira en los mercados locales de energía puestos en marcha en Holanda. Según fuentes al tanto del proyecto habrá cinco zonas geográficas y climatológicas diferenciadas, que contarán en principio con fondos europeos Feder para facilitar su financiación. En un paso posterior se desarrollarán zonas de innovación (Sandbox) para probar soluciones innovadoras a diferentes problemas y aplicarlos en un entorno real controlado. Serán espacios con excepciones normativas previamente aprobadas por decreto.

En la práctica, se trata de convertir en protagonista al pequeño productor-consumidor, aglutinado en torno a empresas agregadoras de demanda. Es la línea que marca la UE. La municipalización de la red de baja tensión forma parte de esa discusión y también de un debate más amplio sobre la participación pública en el sector energético. En España, tras el proceso de privatizaciones, la presencia del Estado en el sector se limita a los gestores de las redes de electricidad (REE, 20%) y de gas (Enagás, 5%). La que fue joya de la corona, Endesa, es propiedad (70%) del grupo italiano Enel.

En los países más desarrollados, lo habitual es que el Estado participe en el negocio. Estados Unidos, Francia, Holanda, Suecia, Italia, Suiza o Japón son buenos ejemplos. En 2018, la OCDE revisó el panorama internacional y concluyó que 32 de las 50 mayores empresas del sector eléctrico a nivel mundial tienen participación pública.

Fuente: Santiago Carcar / lainformacion.com

Otros artículos de interés

Menú